Ante las
declaraciones efectuadas por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria
en la entrevista que tuvo lugar en el programa LA NOCHE SEXTA del pasado sábado,
y en las que se atribuía a los jueces la responsabilidad de la politización de
la Justicia y de su lentitud, la Asociación Profesional de la Magistratura
quiere manifestar:
1. Los jueces
resolvemos diariamente miles de asuntos con independencia e imparcialidad. La
llamada politización de la Justicia no deriva de la conducta de los jueces, sino
de su instrumentalización para fines distintos de aquellos que le son propios.
El enfrentamiento político nunca debería llevarse a los tribunales, a diferencia
de lo que sucede en nuestro país en numerosas ocasiones, y no precisamente por
culpa de los jueces.
2. Somos los jueces
quienes venimos defendiendo la adopción de reformas que impidan la aplicación de
cuotas políticas en la designación de los vocales judiciales del Consejo General
del Poder Judicial. Ésta ha sido desde hace años la posición de la Asociación
Profesional de la Magistratura, que propugna la elección de los vocales
judiciales por los propios jueces, de acuerdo con la interpretación más acorde
con la voluntad del legislador constitucional. Sin embargo, esta reforma no ha
sido llevada a cabo por ninguno de los gobiernos que se han ido alternando en
las diferentes legislaturas.
3. La lentitud de
la Administración de Justicia en la resolución de los procesos no puede
achacarse a los jueces, que actúan con gran dedicación, esfuerzo y
profesionalidad. Es a los poderes ejecutivo y legislativo a quienes corresponden
realizar las reformas estructurales y legislativas que permitan superar un
modelo de organización judicial que en la actualidad se encuentra ya agotado y
no se adecua a las necesidades de la sociedad moderna, con una gran tasa de
litigiosidad.
4. A estos mismos
poderes les corresponde adoptar las medidas necesarias para evitar la lentitud
de la justicia penal, que tanto preocupa a los ciudadanos. Pese a ello, todavía
no han sido capaces de redactar un nuevo código procesal penal que sustituya a
la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y permita instruir y
enjuiciar, de forma ágil y eficaz, las nuevas formas de delincuencia económica,
tecnológica o financiera, o los delitos derivados de la corrupción.
5. No corresponde a
los jueces cambiar las estructuras de la sociedad. Ésta es una función que deben
realizar aquellos a quienes los ciudadanos eligen por sufragio con esa
finalidad. Por ello, resulta sorprendente que quien ocupa un puesto de tanta
responsabilidad institucional, como la Presidencia de una Comunidad Autónoma, se
despache con unas declaraciones tan demagógicas como inconsistentes, atribuyendo
a los jueces unas responsabilidades que no les corresponden. El Sr. Revilla
parece situarse como un espectador o analista, olvidando que él preside un
ejecutivo autonómico y, por ello, tiene la responsabilidad y los medios para
contribuir a solucionar los males que denuncia. Pese a ello, le resulta más
cómodo desplazar la responsabilidad a otros, en este caso a los jueces,
incrementado así la desconfianza de los ciudadanos en la Justicia y, por ende,
en el sistema democrático en su conjunto.
EL
COMITÉ EJECUTIVO DE LA APM
